El gobierno Kirchnerista sabia que perdía las elecciones como sucedió, sin embargo no se privo de otra jugarreta: adelantar las elecciones. De este modo el viejo congreso, lo que tendría que resolver en 1 mes,( o sea se supone que elecciones normales serian en octubre y los nuevos asumirían en diciembre) tendrían 5 meses para meter todas las "nuevas leyes " que quisieran, y hasta reargumentar que es totalmente legitimo que así lo hagan. De esta forma el gobierno K muestra una vez mas, toda su prepotencia y hasta diría sus irregularidades a la hora de tomar en cuenta los simples plazos que la mismas leyes preveen.
Con esta simple perversidad, de jugar entre lo posiblemente legal, y lo totalmente irregular van sembrando su paso de leyes, movimientos y maniobras que no solo los hacen caer en popularidad, sino también muestran su costado mas oscuro, sus únicos motivos para ser gobierno, tener el poder absoluto y ser cada día más ricos.
A saber y digo a saber, pues uno sabe lo que ellos y los medios muestran, pero lo que ignoramos seguramente debe ser mucho mas:
1- En el medio de casi 16 millones de pobres, una alta tasa de mortalidad infantil por desnutrición, hospitales desabastecidos, escuelas publicas desmanteladas, el fútbol fue prioridad para esta presidenta. Así con el no vamos a "secuestrar los goles" y con el "todos tienen derecho a ver fútbol gratis" , el estado desembolso 600 millones alegremente, como si no existieran otras prioridades y mintiendo, ya que gratis nada, esos 600 millones no salen de los bolsillos de los K sino del Pueblo argentino.
2- Una nueva LEY DE RADIODIFUSIÓN EN MARCHA. En realidad esto es algo que nos debemos hace muchos años, ya que la existente es de la época de la dictadura, sin embargo la propuesta viene con un apuro que ya provoca miedo, si ha esto sumamos los desaires k a todo periodista que oso criticar su gestión, mas la rápida desaparición de la tv de periodistas como Lanata, Nelson Castro, Leyco, y tantos otros, diría que de mínima es para mirarla con mucho cuidado, y el cuidado mas especial estaría en que justamente el encargado de renovar o no renovar las licencias cada dos años, es el mismo que debe censurar contenidos supuestamente " peligrosos" o sea el Confer, nada menos ni nada mas que "Mariotto" a quien ya se lo ha acusado de algunas irregularidades. Esto ya no viene muy bien que digamos tampoco.
3- Luego de mas de un año el conflicto con el campo no se ha solucionado, sino que esta en una escaramusa mortal, donde todo el país ha perdido y seguirá perdiendo. Lo peor de esto es que lo que tenemos es un país agropecuario, y los K parece que no se enteraron y lo que es peor en la supuesta lucha contra la rentable soja, ha logrado que todo termine siendo soja, ya que hoy criar animales o trigo, o cualquier otra economía regional no sera rentable.
4- El Indec, lejos de poner índices reales, sigue mintiendo y engañando con sus cifras, con lo que seguimos viviendo en un país inexistente, donde hay trabajo y oportunidades, cuando la realidad es que los índices de trabajo han descendido, y la miseria aumentado día a día.
5- En el medio de muchas denuncias sobre casi todo los ítems, salud, economía, etc. Esta la magra credibilidad de los kirchner, en la que nadie puede explicarse el crecimiento de tantos millones de patrimonio personal en sus 6 años como presidentes, claro tampoco hay pareciera ningún tribunal que investigue esto por lo que se ve o por lo que sale a luz.
6- Finalmente los kirchner han perdido las elecciones, y pareciera no solo que no se quieren dar por enterados, sino que que están muy apurados para seguir imponiendo su voluntad a puño de decretos , vetos, y con el congreso viejo que es lo único que les quedo hasta diciembre de este año.
S.V.
A continuación algo interesante sobre el tema de Radiodifusión que todos deberíamos poner interés pues del, depende la libertad de expresión futura de nuestro pueblo, y no la composición de expresiones de los futuros gobiernos como parece que quieren implantarnos desde un gobierno, donde muchos catalogados como montoneros se suponía que habían luchado en su vida por estas libertades, y por que no hubiese muerte por hambre en nuestro país.
No hay dudas de que el tema de la semana ha sido la discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación, como se la ha llamado, o “Ley K de Control de Medios”, como la denomina maliciosamente el Grupo Clarín. La tentación era pasarse un par de horas leyendo el texto del proyecto de ley y luego dar un veredicto sobre las cuestiones espinosas: la participación de las telefónicas, la fiscalización cada dos años, los tres tercios de licencias, etc. No sucumbiremos a ella y renunciaremos a la impostación. No somos expertos en leyes.
Una columna de Martín Caparrós en este diario, el viernes pasado, abre un nuevo foco de análisis y tiene que ver con la obsesión oficialista por los medios. Caparrós dice: “Es un gobierno que cree, como ninguno que yo haya conocido, en los medios de comunicación. Que cree en ellos como otros –y ellos mismos– creen en la fuerza de un dios, las armas, el dinero”. No me resulta posible estar más de acuerdo con esta descripción.
Como pocas veces en nuestra historia, un gobierno cree que gobernar es fijar la agenda de discusión y poco más que eso. La Presidenta utilizaba a menudo en sus apariciones públicas una palabra: “relato”. Se trataba, decía, de construir un mejor relato para los argentinos. No podemos decir que no nos avisó. No se trataba de construir una mejor realidad cotidiana sino un mejor relato. El ejemplo más perfecto fue la intervención al INDEC: no bastaba con dominar la inflación, porque si ésta se resistía, había que forzar el índice que la medía, es decir, su relato. Los números fueron violentados, sujetados, quebrantados, y lo mismo hubo que hacer con quienes lo calculaban.
Hace pocos días, fue la Iglesia la que trató de imponer un tema en la agenda, más allá de los intereses del Gobierno, tratando de focalizar la atención en la pobreza. El tema –realmente urgente y empíricamente verificable– duró unos días, pero acá estamos, discutiendo sobre el “triple play”. Para quien piensa que el eje de la cuestión es el discurso, una ley de medios es la madre de todas las batallas. Todos los demás temas pueden esperar.
Ahora bien, nadie ha hecho más para constituir la obsesión oficialista que el propio Grupo Clarín, con su insaciable apetito por homogeneizar hábitos de consumo cultural a través de su diario, su canal de televisión abierta, su canal de noticias de cable, su radio, etcétera, etcétera. Su poderío no proviene de las fundamentos de la ley vigente establecidos durante la dictadura, sino de las modificaciones realizadas durante el gobierno de Menem y consolidadas, en el caso del monopolio del cable, durante la gestión de Néstor Kirchner. Una de las consecuencias fue un empobrecimiento creciente del ejercicio de la práctica periodística.
Es difícil saber si la nueva ley abrirá el espectro de los medios de una manera tal que ese deterioro se revierta. El riesgo que se corre es el de reemplazar un relato por otro.
Gustavo Noriega
Ayer a las 11.36 –o quizás unos minutos antes– me terminó de impresionar la magnitud que ha tomado el debate de la ley de “Servicios de Comunicación”: como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones. Me dije que era lógico: la ley conmueve los intereses de quienes promueven –o, habitualmente, aplastan–los debates, así que esta vez se lanzaron y lanzaron sus jaurías. Pero enseguida me contesté –estaba teniendo un gran diálogo– que el batifondo también era el resultado de un gobierno que cree, como ninguno que yo haya conocido, en los medios de comunicación. Que cree en ellos como otros –y ellos mismos– creen en la fuerza de un dios, las armas, el dinero.
Al principio tanta creencia resultaba casi halagadora: recuerdo por ejemplo cuando ministros llamaban por teléfono a los periodistas de aquel programa de televisión porque no les gustaba lo que habían dicho en el bloque anterior y querían discutirlo. Los periodistas –algunos más que otros– siempre hemos tenido una rara posición frente a los políticos en el poder: decimos que los despreciamos pero nos gusta mucho que nos tomen en cuenta y, de algún modo secreto y culposo, solemos envidiarlos. Así que esos llamados eran un buen masaje para el ego. Hasta que, pasada la novedad, se hicieron irritantes: ¿y si dejaran de preocuparse por lo que que diga cada quien? ¿Y si, en lugar de mirar la tele, gobernaran?
Eran, es cierto, episodios casi amables. Después vinieron las presiones más torpes sobre ciertos medios, el manejo de la pauta oficial, el uso de las ondas del Estado para propaganda del gobierno, la reticencia a cualquier diálogo presidencial con los periodistas –pero yo seguía diciendo que les agradecía que creyeran tanto en el poder del cuarto poder: que su pasión me daba ánimos.
Hasta que, no hace mucho –los periodistas somos lentos– empecé a sospechar que esa actitud era coherente con la forma en que el matrimonio K se planta ante la realidad: como si creyera que con hablar alcanza. Quiero decir: no es extraño que se preocupen tanto por los medios quienes creen en la palabra más que en la vida misma, quienes creen que alcanza con decir que no hay inflación para que no haya inflación, con decir que hay muchos menos pobres para que haya muchos menos, con decir que recuerdan a los desaparecidos para que una política de concentración capitalista se vuelva un proceso igualitario. Los Kirchner confían tanto en la potencia del discurso que, lógicamente, necesitan y temen a las grandes usinas de discurso. Así que, en esta etapa de la revolución, el enemigo principal es cierta prensa –mientras los chicos pasan hambre y frío y las empresas echan trabajadores. Aunque el fútbol, es cierto, ya es de todos.
Así fue cómo la discusión sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación se volvió el tema del momento; ya la semana pasada foristas de criticadigital me reprochaban que no escribiera sobre él. Yo también me lo reproché: debería tener una opinión sobre el asunto –porque parece que ahora mi trabajo consiste en tener una sobre cada asunto e, incluso, escribirla. Pero no tengo una opinión sobre la ley y su debate; tengo muchas.
Para empezar, opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible amenaza del Estado a la libertad de expresión, se preocupan muy poco por esa libertad y esa expresión todos los días, cuando deciden qué informaciones publican o no publican en función de sus negocios o sus alianzas políticas o sus pautas morales o sus pautas publicitarias. Y no veo en esta ley nada que perturbe la libertad de expresión más que lo que ya la perturban las maniobras habituales del gobierno. Y, ciertamente, mucho menos que lo que la perturba el avance de las corporaciones que definen cada vez más qué se dice y qué no.
También opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible intromisión del Estado en sus comercios, nunca se quejaron en los treinta años en que el Estado les proveyó, a través de Papel Prensa, papel a precios infinitamente más baratos que los que pagan sus competidores.
Opino, además, que los medios del grupo Clarín le han hecho un daño ¿irreparable? a la cultura argentina media, la han rebajado, la han reblandecido, la han limado, la van empujando poco a poco hacia el punto en que imaginaron que estaba: la mente de un chico incapaz de leer, de pensar, de cuestionar.
Y opino que los canales de televisión privada han seguido con gran éxito ese mismo camino –y nos toman por idiotas redomados, sólo capaces de consumir idioteces redomadas para idiotas redomados. (¿No es sabroso “idiotas redomados”?)
Entonces opino que me gusta la idea de que el Estado maneje un tercio de las radios y televisoras, porque los medios privados sólo quieren hacer plata y suponen que para hacerla tienen que ser cada vez más redomados y tratarnos cada vez más redomados, así que le queda al Estado el papel de hacer algo diferente. Y opino que Canal 7 y el canal Encuentro son tentativas interesantes en ese sentido.
Pero opino que, aún en ellos, una vez más, el gobierno se ha entregado con fervor y delicia a la costumbre argentina de usar los medios del Estado como si fueran del partido gobernante, y que si la nueva ley no toma recaudos decisivos contra eso va a ser un mamarracho. Por eso la discusión encarnizada sobre cómo se va a conformar el “órgano de control” –que, en el proyecto actual, tiene mayoría automática del Ejecutivo, igual que el nuevo cuerpo director de los medios públicos, o sea que no va a controlar nada de nada. Lo cual se reafirma con la ausencia de una definición sobre cómo se debe repartir la pauta oficial para que deje de ser un sistema de premios y castigos y amenazas.
Y opino que la idea de que las entidades no gubernamentales ni comerciales –universidades, asociaciones, cooperativas, ¿iglesias?– dispongan de un tercio de los medios electrónicos puede dar resultados interesantes. O no, pero que el principio es bueno y que ciertamente vale la pena intentarlo.
Y, al mismo tiempo, opino que el gobierno ya mostró demasiado cómo trata de aprovechar reivindicaciones que muchos consideramos justas –jubilación pública, recuperación de aerolíneas, subida de ciertos impuestos– para su beneficio político o económico. Y que eso justifica la sospecha de que, en este caso, pueda pasar algo parecido: que aprovechen el eventual desmembramiento de los grandes grupos mediáticos para quedarse con sus partes, que traten de controlar medios de las organizaciones civiles, que sigan usando los medios públicos como si fueran propios. Y que han precipitado la sanción de esta ley –tras seis años de desinterés– justo en el momento en que su legitimidad política vacila y el Congreso no es el que debería.
Y opino que la discusión está dada, por supuesto, con la mejor mala fe de cada cual: cuando los opositores dicen, por ejemplo, que las revisiones cada dos años comprometen la libertad de las empresas –aunque saben que son revisiones técnicas de las emisoras. O cuando el gobierno dice, por ejemplo, que se interesa por la libertad de prensa y la pluralidad de voces tras haber concentrado y controlado, en su provincia, la circulación de las noticias –e intentado, después, la aplicación del modelo a escala nacional.
Pero opino –es una obviedad– que, en medio de toda la hojarasca discursiva, lo que en realidad importa es esa parte de la ley que dice que los operadores de cable no pueden tener canales de televisión abierta ni más de un canal de cable y que no pueden tener cables que lleguen a más de un tercio de la población y que no pueden tener más de diez radios y televisoras: lo que se debate en realidad es la desconcentración que la ley debería producir, desarmando los tres o cuatro oligopolios que controlan el mercado mediático argentino y, sobre todo, el desmembramiento del Gran Grupo.
Aunque opino que las razones por las que Kirchner ahora decidió desarmar el imperio Clarín son más que oscuras: que durante años lo favoreciese y ahora quiera cargárselo es perfectamente sospechoso, la típica pelea de barras bravas. A menos que, de pronto, haya visto la luz libertadora. O que la base de todo esté en la vía libre para que las telefónicas tengan radios y televisoras: la posibilidad de armar oligopolios todavía más monstruitos pero amigos.
Y, para terminar, opino que una ley que va a romper las grandes corporaciones mediáticas tendrá consecuencias favorables para todos. Yo creo en el cambio en general –porque veo muy pocas cosas que no lo merezcan–, y en el cambio de la estructura de medios argentinos en particular –porque son una desgracia. No me gusta del todo cómo se hace éste, pero me parece que es bueno patear hormiguero tan nocivo. Estoy convencido –opino– de que lo que salga no puede ser peor que lo que hay. Aunque la realidad, a veces, se empeñe en desmentir mis optimismos.
Una columna de Martín Caparrós en este diario, el viernes pasado, abre un nuevo foco de análisis y tiene que ver con la obsesión oficialista por los medios. Caparrós dice: “Es un gobierno que cree, como ninguno que yo haya conocido, en los medios de comunicación. Que cree en ellos como otros –y ellos mismos– creen en la fuerza de un dios, las armas, el dinero”. No me resulta posible estar más de acuerdo con esta descripción.
Como pocas veces en nuestra historia, un gobierno cree que gobernar es fijar la agenda de discusión y poco más que eso. La Presidenta utilizaba a menudo en sus apariciones públicas una palabra: “relato”. Se trataba, decía, de construir un mejor relato para los argentinos. No podemos decir que no nos avisó. No se trataba de construir una mejor realidad cotidiana sino un mejor relato. El ejemplo más perfecto fue la intervención al INDEC: no bastaba con dominar la inflación, porque si ésta se resistía, había que forzar el índice que la medía, es decir, su relato. Los números fueron violentados, sujetados, quebrantados, y lo mismo hubo que hacer con quienes lo calculaban.
Hace pocos días, fue la Iglesia la que trató de imponer un tema en la agenda, más allá de los intereses del Gobierno, tratando de focalizar la atención en la pobreza. El tema –realmente urgente y empíricamente verificable– duró unos días, pero acá estamos, discutiendo sobre el “triple play”. Para quien piensa que el eje de la cuestión es el discurso, una ley de medios es la madre de todas las batallas. Todos los demás temas pueden esperar.
Ahora bien, nadie ha hecho más para constituir la obsesión oficialista que el propio Grupo Clarín, con su insaciable apetito por homogeneizar hábitos de consumo cultural a través de su diario, su canal de televisión abierta, su canal de noticias de cable, su radio, etcétera, etcétera. Su poderío no proviene de las fundamentos de la ley vigente establecidos durante la dictadura, sino de las modificaciones realizadas durante el gobierno de Menem y consolidadas, en el caso del monopolio del cable, durante la gestión de Néstor Kirchner. Una de las consecuencias fue un empobrecimiento creciente del ejercicio de la práctica periodística.
Es difícil saber si la nueva ley abrirá el espectro de los medios de una manera tal que ese deterioro se revierta. El riesgo que se corre es el de reemplazar un relato por otro.
Gustavo Noriega
Hecha la ley
Ayer a las 11.36 –o quizás unos minutos antes– me terminó de impresionar la magnitud que ha tomado el debate de la ley de “Servicios de Comunicación”: como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones. Me dije que era lógico: la ley conmueve los intereses de quienes promueven –o, habitualmente, aplastan–los debates, así que esta vez se lanzaron y lanzaron sus jaurías. Pero enseguida me contesté –estaba teniendo un gran diálogo– que el batifondo también era el resultado de un gobierno que cree, como ninguno que yo haya conocido, en los medios de comunicación. Que cree en ellos como otros –y ellos mismos– creen en la fuerza de un dios, las armas, el dinero.
Al principio tanta creencia resultaba casi halagadora: recuerdo por ejemplo cuando ministros llamaban por teléfono a los periodistas de aquel programa de televisión porque no les gustaba lo que habían dicho en el bloque anterior y querían discutirlo. Los periodistas –algunos más que otros– siempre hemos tenido una rara posición frente a los políticos en el poder: decimos que los despreciamos pero nos gusta mucho que nos tomen en cuenta y, de algún modo secreto y culposo, solemos envidiarlos. Así que esos llamados eran un buen masaje para el ego. Hasta que, pasada la novedad, se hicieron irritantes: ¿y si dejaran de preocuparse por lo que que diga cada quien? ¿Y si, en lugar de mirar la tele, gobernaran?
Eran, es cierto, episodios casi amables. Después vinieron las presiones más torpes sobre ciertos medios, el manejo de la pauta oficial, el uso de las ondas del Estado para propaganda del gobierno, la reticencia a cualquier diálogo presidencial con los periodistas –pero yo seguía diciendo que les agradecía que creyeran tanto en el poder del cuarto poder: que su pasión me daba ánimos.
Hasta que, no hace mucho –los periodistas somos lentos– empecé a sospechar que esa actitud era coherente con la forma en que el matrimonio K se planta ante la realidad: como si creyera que con hablar alcanza. Quiero decir: no es extraño que se preocupen tanto por los medios quienes creen en la palabra más que en la vida misma, quienes creen que alcanza con decir que no hay inflación para que no haya inflación, con decir que hay muchos menos pobres para que haya muchos menos, con decir que recuerdan a los desaparecidos para que una política de concentración capitalista se vuelva un proceso igualitario. Los Kirchner confían tanto en la potencia del discurso que, lógicamente, necesitan y temen a las grandes usinas de discurso. Así que, en esta etapa de la revolución, el enemigo principal es cierta prensa –mientras los chicos pasan hambre y frío y las empresas echan trabajadores. Aunque el fútbol, es cierto, ya es de todos.
Así fue cómo la discusión sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación se volvió el tema del momento; ya la semana pasada foristas de criticadigital me reprochaban que no escribiera sobre él. Yo también me lo reproché: debería tener una opinión sobre el asunto –porque parece que ahora mi trabajo consiste en tener una sobre cada asunto e, incluso, escribirla. Pero no tengo una opinión sobre la ley y su debate; tengo muchas.
Para empezar, opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible amenaza del Estado a la libertad de expresión, se preocupan muy poco por esa libertad y esa expresión todos los días, cuando deciden qué informaciones publican o no publican en función de sus negocios o sus alianzas políticas o sus pautas morales o sus pautas publicitarias. Y no veo en esta ley nada que perturbe la libertad de expresión más que lo que ya la perturban las maniobras habituales del gobierno. Y, ciertamente, mucho menos que lo que la perturba el avance de las corporaciones que definen cada vez más qué se dice y qué no.
También opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible intromisión del Estado en sus comercios, nunca se quejaron en los treinta años en que el Estado les proveyó, a través de Papel Prensa, papel a precios infinitamente más baratos que los que pagan sus competidores.
Opino, además, que los medios del grupo Clarín le han hecho un daño ¿irreparable? a la cultura argentina media, la han rebajado, la han reblandecido, la han limado, la van empujando poco a poco hacia el punto en que imaginaron que estaba: la mente de un chico incapaz de leer, de pensar, de cuestionar.
Y opino que los canales de televisión privada han seguido con gran éxito ese mismo camino –y nos toman por idiotas redomados, sólo capaces de consumir idioteces redomadas para idiotas redomados. (¿No es sabroso “idiotas redomados”?)
Entonces opino que me gusta la idea de que el Estado maneje un tercio de las radios y televisoras, porque los medios privados sólo quieren hacer plata y suponen que para hacerla tienen que ser cada vez más redomados y tratarnos cada vez más redomados, así que le queda al Estado el papel de hacer algo diferente. Y opino que Canal 7 y el canal Encuentro son tentativas interesantes en ese sentido.
Pero opino que, aún en ellos, una vez más, el gobierno se ha entregado con fervor y delicia a la costumbre argentina de usar los medios del Estado como si fueran del partido gobernante, y que si la nueva ley no toma recaudos decisivos contra eso va a ser un mamarracho. Por eso la discusión encarnizada sobre cómo se va a conformar el “órgano de control” –que, en el proyecto actual, tiene mayoría automática del Ejecutivo, igual que el nuevo cuerpo director de los medios públicos, o sea que no va a controlar nada de nada. Lo cual se reafirma con la ausencia de una definición sobre cómo se debe repartir la pauta oficial para que deje de ser un sistema de premios y castigos y amenazas.
Y opino que la idea de que las entidades no gubernamentales ni comerciales –universidades, asociaciones, cooperativas, ¿iglesias?– dispongan de un tercio de los medios electrónicos puede dar resultados interesantes. O no, pero que el principio es bueno y que ciertamente vale la pena intentarlo.
Y, al mismo tiempo, opino que el gobierno ya mostró demasiado cómo trata de aprovechar reivindicaciones que muchos consideramos justas –jubilación pública, recuperación de aerolíneas, subida de ciertos impuestos– para su beneficio político o económico. Y que eso justifica la sospecha de que, en este caso, pueda pasar algo parecido: que aprovechen el eventual desmembramiento de los grandes grupos mediáticos para quedarse con sus partes, que traten de controlar medios de las organizaciones civiles, que sigan usando los medios públicos como si fueran propios. Y que han precipitado la sanción de esta ley –tras seis años de desinterés– justo en el momento en que su legitimidad política vacila y el Congreso no es el que debería.
Y opino que la discusión está dada, por supuesto, con la mejor mala fe de cada cual: cuando los opositores dicen, por ejemplo, que las revisiones cada dos años comprometen la libertad de las empresas –aunque saben que son revisiones técnicas de las emisoras. O cuando el gobierno dice, por ejemplo, que se interesa por la libertad de prensa y la pluralidad de voces tras haber concentrado y controlado, en su provincia, la circulación de las noticias –e intentado, después, la aplicación del modelo a escala nacional.
Pero opino –es una obviedad– que, en medio de toda la hojarasca discursiva, lo que en realidad importa es esa parte de la ley que dice que los operadores de cable no pueden tener canales de televisión abierta ni más de un canal de cable y que no pueden tener cables que lleguen a más de un tercio de la población y que no pueden tener más de diez radios y televisoras: lo que se debate en realidad es la desconcentración que la ley debería producir, desarmando los tres o cuatro oligopolios que controlan el mercado mediático argentino y, sobre todo, el desmembramiento del Gran Grupo.
Aunque opino que las razones por las que Kirchner ahora decidió desarmar el imperio Clarín son más que oscuras: que durante años lo favoreciese y ahora quiera cargárselo es perfectamente sospechoso, la típica pelea de barras bravas. A menos que, de pronto, haya visto la luz libertadora. O que la base de todo esté en la vía libre para que las telefónicas tengan radios y televisoras: la posibilidad de armar oligopolios todavía más monstruitos pero amigos.
Y, para terminar, opino que una ley que va a romper las grandes corporaciones mediáticas tendrá consecuencias favorables para todos. Yo creo en el cambio en general –porque veo muy pocas cosas que no lo merezcan–, y en el cambio de la estructura de medios argentinos en particular –porque son una desgracia. No me gusta del todo cómo se hace éste, pero me parece que es bueno patear hormiguero tan nocivo. Estoy convencido –opino– de que lo que salga no puede ser peor que lo que hay. Aunque la realidad, a veces, se empeñe en desmentir mis optimismos.
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