Ironias....

El teorema de Sandler

—Frondizi vende desarrollo; los socialistas, marxismo; los peronistas, justicialismo... ¿Y Udelpa?
—Una verdadera democracia
—¿Nada más que eso?

El ex Diputado por Córdoba, Héctor Raúl Sandler (44 años), secretario del Comité Nacional de Udelpa e interventor en el distrito Capital, se sintió al borde de la frustración. La señora —una militante de la sección 6ª— emergió del cuello de astrakán y lo miró, con sorpresa y desconfianza; entonces, se derrumbó en una aclaración: "Quise decir que antes de las elecciones de Presidente, en 1963, la cara de Aramburu representaba un conjunto de ideales preexistentes; democracia, sí, pero algo más; ahora hay que exhumar esa cara."

Una fotografía del perfil de Pedro Eugenio Aramburu, en blanco y negro, de más de un metro de altura, asomaba en esa reunión del martes pasado, reservada a una veintena de dirigentes parroquiales, en el local de Estados Unidos al 900. Veinticuatro horas después, Sandler repitió su plan para el resurgimiento, con miras a los comicios de gobernadores en 1967, ante los jefes de comités de varias provincias (Héctor N. Pérez, Córdoba; Héctor González, Tucumán; Carlos Soliverrez, Jujuy; CarIos Benaglia, Buenos Aires; Pablo Gutiérrez, San Juan, y Miguel Bauza Da Corta, Mendoza) y convocó a otra asamblea para la semana actual, esta vez con Aramburu.

He aquí su visión: en los comicios del 14 de marzo, Udelpa vio disminuido el caudal de votos en un 70 por ciento en Capital Federal; 73 en Buenos Aires; 89 en Santa Fe y 59 en Córdoba. En distritos en que la estructura partidaria se resintió por pleitos internos, la pérdida fue mayor. Es preciso; entonces, recomponer la agrupación, Sandler abandonó tareas profesionales para dedicarse full time a la política; viajó al interior, conversó con la gente y prometió revitalizar al partido: Aramburu le dio la suma de poderes, a tal punto que lo puso en la intervención metropolitana antes de que el ingeniero Hugo Werder, que desempeñaba esas funciones, presentara formalmente su renuncia.
Según el esquema, la UCRP es igual al peronismo porque en ambos campea la concepción de una política económica y social estatizante. Luego está el conjunto de las tendencias por debajo del nivel de los 500.000 sufragios: Federación de Partidos de Centro, Udelpa, UCRI, MID, Democracia Cristiana, Democracia Progresista, Socialismo Democrático, Socialismo Argentino y, al margen, Reconstrucción Nacional (Alvaro Alsogaray), a la que no le asigna importancia. Las cuatro primeras —sostiene Sandler— pueden integrar la tercera fuerza moderada (cada una de esas agrupaciones ha expresado su voluntad de aliarse a otras corrientes políticas y exhibe un programa de centro); las cuatro restantes no hablan de frentes y buscan contactos con el peronismo para captar votos.

Los conservadores siguen una estrategia de hace 40 años, tienden a supervivir, como lo prueba el arreglo celebrado con la UCRP en Mendoza; actúan con recato y prudencia, "no como Roca, que se lanzaba contra los indios, sino como Alsina, que para combatirlos cavaba zanjas", compara el ex oficial de Aeronáutica, Sandler. Además, siguen la filosofía liberal individualista del siglo pasado; cuyas deformaciones serían: oligarquía, imperialismo, predominio del privilegio y explotación social. En el círculo conservador hay un anillo saturniano, que representa a sectores como el PRAR y otros de carácter independiente, que pueden escapar de esa influencia.
La UCRI carece de líderes y doctrina: unos irán al MID y otros a la UCRP. En cuanto al MID, tiene una doctrina permeable y perspectivas de ascenso, pero su límite o techo deriva de antecedentes políticos sinuosos en el gobierno y de dos hechos negativos: el pacto con el peronismo en 1958 y la derrota en marzo de 1962, que determinó la caída de Arturo Frondizi. El único partido —se vanagloria Sandler— en condiciones de pivotear el frente de las fuerzas moderadas es Udelpa, por una suerte de implacable destino ante la incapacidad de los demás.
El secretario halló un nombre para la coalición: Movimiento de Expansión Nacional. Cree que para cohesionar al udelpismo se necesita un programa doctrinario, que enuncia así: 1) Máxima expansión de capital y trabajo; 2) Constitución de un Estado dinámico social con remoción de factores opresivos (monopolios, privilegios); 3) Plena expansión de la fuerza de trabajo; 4) Plena expansión del capital; 5) Libre acceso a la tierra; 6) Condiciones para la estabilidad monetaria. Los pasos tácticos a seguir reconocen estas novedades: a) Suspender las tratativas pactistas con los conservadores, que son un peso muerto para el Frente y b) Ataque frontal a la UCRP y al Peronismo. El esquema, asevera su inspirador, es una especie de solución para todos los tiempos: ahora y después de un eventual golpe de Estado.

En todo caso, es otro intento por salvar un partido al que los últimos tiempos políticos colocaron al borde de la bancarrota. Falta que los acólitos de Udelpa —y, en el futuro, el electorado— coincidan con el teorema de Sandler.

Solo cambiar los nombres, hacer una ensalada con ellos y sus partidos , màs los años.......y tenemos el 2008 y el 2009!!!

Gracias Argentina, Pais Generoso para tan pocos como siempre!!!!

Silvia Vazquez

BOLETIN AEDD N° 468-CAUSA ESMA-Juicio a todos los genocida, condena por todos los compañeros

CAUSA ESMA



Luego de 5 años de instrucción de la causa con más pruebas del país:

· de los centenares de responsables: 1 asesinado, 4 muertos, 49
procesados,

· de los casi 59.000 delitos comprobados, procesamientos por menos
de 16.000.



JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS. CONDENA POR TODOS LOS COMPAÑEROS



Víctimas

La tabla que se entregó al juez Torres, elaborada por la Asociación de Ex
Detenidos-Desaparecidos, recopila el nombre de 696 compañeros que fueron
secuestrados y llevados a la ESMA entre el 26/3/76 y el 18/12/82. En el
escrito que la acompaña se agregan otras 20 personas que fueron asesinadas
por el Grupo de Tareas fuera de la ESMA y 3 que estuvieron secuestradas allí
unos días antes del 24 de marzo de 1976. La información surge de los
testimonios que están en la causa brindados por sobrevivientes ante
distintos organismos e instancias judiciales. Somos conscientes que este
listado no solo no es exhaustivo sino que representa una ínfima proporción
del total de víctimas que estuvieron secuestradas en la ESMA, alrededor de
5000 según lo indican numerosos testimonios.



De los 695 compañeros listados en la tabla, 349 se encuentran desaparecidos
(50%), 273 liberados (39%), 36 permanecieron en cautiverio y luego fueron
asesinados (5%), y de 13 se desconoce el destino (2%); 6 niños fueron
secuestrados y posteriormente recuperados por sus familias y 19 nacieron en
cautiverio. De estos últimos 7 fueron entregados a su familia o liberados
con sus madres, 8 estuvieron apropiados y recuperaron su identidad muchos
años más tarde y 4 continúan desaparecidos.



Además, se identifica a 159 víctimas que no están incluidas en el
requerimiento que en su momento hizo el fiscal Taiano por lo que por ellas,
no hay todavía ningún procesamiento.



Represores

En la tabla se sintetiza la situación procesal de 49 represores, únicos que
al día de la fecha se encuentran procesados en alguno de los 10 tramos en
los que se ha subdividido la causa ESMA: Donda, Testimonios A, Iglesia Santa
Cruz, Walsh, Hechos 1976, Hechos 1977/1978, Hechos 1978 en adelante,
Cavallo, Olivera y Otros y Bienes. Se han tomado en cuenta solo los delitos
de privación ilegítima de la libertad y tormentos ya que los homicidios
están contemplados en el escrito y el juez no ha considerado ningún otro
como, por ejemplo, reducción a servidumbre. Solo por estos dos delitos y
teniendo en cuenta el período de desempeño en la ESMA de cada uno de los
procesados, las imputaciones totales deberían ser por 56.590 hechos. Sin
embargo, luego de 5 años de instrucción se dictó procesamiento sólo por
15.717 de estos hechos, es decir, por solo el 28% del total.



Más increíble aún, hay 13 víctimas que sí figuran en el requerimiento fiscal
y sin embargo ninguno de los 49 represores ha sido procesado por ninguno de
los delitos cometidos contra ellas. Por ejemplo, incomprensiblemente el Juez
Sergio Torres aún no ha procesado a nadie por el secuestro y posterior
desaparición de Dagmar Hagelin, hecho ampliamente documentado desde los
inicios de la causa ESMA, en el año 1985.



También es notable el caso del represor Ricardo Miguel Cavallo que ha sido
procesado por Torres por el secuestro de 290 víctimas; por tormentos a 134
(distintas de las anteriores) y por ambos delitos cometidos contra otras 4.
Obsérvese que Torres supone que Cavallo puede ser responsable de los
tormentos pero no del secuestro de una persona (o viceversa). De cualquier
manera, la suma de víctimas por las que lo procesó es de 428. En España, el
Juez Garzón, contando con menor o igual información, lo procesó por 667, es
decir, por 239 víctimas más.



La tabla que se adjunta es idéntica a la entregada al juez salvo que se ha
preservado la identidad de los sobrevivientes. El escrito presentado está a
disposición de quienes lo soliciten.





PEDIDO DE DETENCION PARA 21 REPRESORES DE LA ARMADA ARGENTINA

Una vez más recae en manos de sobrevivientes, víctimas, querellantes y
organizaciones de Derechos Humanos la responsabilidad no asumida por el
Estado Argentino de reconocer, identificar y localizar a los genocidas que
participaron en el plan de exterminio implementado desde la Escuela de
Mecánica de la Armada. En esta oportunidad, por primera vez, se logró la
identificación de Oficiales de la Marina largamente buscados y solo
conocidos por sus apodos o nombres de guerra.



El tenebroso "Gordo Tomás" dejó de ocultarse en el anonimato y hoy se conoce
su plena identidad: Rodolfo Oscar Cionchi.



Desde Vice Almirantes y Capitanes de Navío a simples Cabos Segundos y hasta
un civil salen a la luz en esta denuncia producto de largas investigaciones
en algunos casos y de los quiebres y confesiones de los propios imputados en
otros.



Falta solo detenerlos, indagarlos y llevarlos a juicio. Sin embargo esta
denuncia lleva ya 10 días en el juzgado y nada de eso ha sucedido.



Queda demostrada nuevamente la importancia y la participación de Justicia
YA! en el desarrollo de los juicios contra la impunidad haciendo posible el
avance de los mismos en el correcto sentido de juzgar a TODOS los represores
por TODOS nuestros compañeros.



Nómina de los 21 represores: Omar Eyzaguirre, Carlos Alberto Durich, Carlos
María Castellvi (Lucas) Hugo Hector Siffredi (Pancho), Oscar García,
Luciano Becerra, Guillermo Horacio Pazos, Tomás Aquiles Reydo (Roberto),
Carlos Alberto Piccone (Germán), Rodolfo Oscar Cionchi (Gordo Tomás), Luis
María Ferrari (Maximiliano), Pedro Carlos Florido (Carlitos), Jorge Alberto
González (Rodolfo), Marco Aurelio Benítez (Orlando), Jorge Luis Guarrochena
(Raúl), Francisco Armando Di Paola (El Chino), Juan Arturo Alomar (Ariel -
Arielito), Daniel Emilio Bullo (César), Roberto Luis Alemanno (Víctor),
Héctor Américo Cesari (Tano), Carlos Alberto Bengoechea (Vasco).





JUSTICIA YA! en Buenos Aires.



Espacio abierto de coordinación de estrategias jurídico-políticas para
impulsar las causas contra los genocidas integrado por: Asociación Anahí;
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda
(ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por
los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires
Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica,
la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en
Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de
Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA);
H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo;
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal
contra la Impunidad.

Correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar

sitio web:
www.exdesaparecidos.org.ar

El legado de Alfonsin- Susana Vau

Cristina Fernández dijo que el 30 de octubre de 1983, ella lloró. Y no fueron lágrimas de alegría sino de frustración, porque ese día de elecciones Raúl Alfonsín había ganado la jefatura del Estado con el 51,7% de los sufragios contra el 40,1% de su contendiente, Ítalo Luder. El radicalismo obtenía también la mayoría absoluta en la Cámara baja con 128 de las bancas en disputa. Con todo, no lograba quebrar el dominio territorial del PJ al conquistar sólo 7 de las 23 gobernaciones y 18 de los 46 escaños del Senado. Más allá de las cifras, el triunfo del socialdemócrata terminaba con dos mitos que habían atravesado las anteriores cuatro décadas de la historia argentina: el primero sostenía que a los militares no se los juzgaba; el segundo, que el peronismo era invencible en las urnas. Sin embargo lo que se vivió anoche, en un Luna Park repleto, no fue un acto de recordación de aquellos comicios: fue un tributo de la militancia radical al dirigente que la enorgullece. No es poco decir en los tiempos que corren.

Y en verdad, el gobierno que Alfonsín no pudo concluir les ha dejado a los radicales un legado: el juicio a las juntas, una visión latinomericanista, la creación del Mercosur, la recuperación, para el presidente de la Nación, del cargo de comandante en jefe que los militares habían sustraído al poder civil, la ley de divorcio, el intento fallido de una norma que establecía la libertad sindical y un estilo austero y republicano que cambiaba la atmósfera moral. Claro que no todas fueron rosas: quedaron entre los números negativos el Punto Final, la Obediencia Debida y una frase que iba a marcar, sin quererlo, el punto de inflexión, el comienzo del ocaso del proceso democrático: “La casa está en orden”. Lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo, los aciertos y los errores se explican a la luz de las ideas de este abogado weberiano que cree que la ética de la responsabilidad es el límite de la ética de las convicciones: un pragmático con principios que sacó a su partido y quizás a la política de la estrechez de las fronteras nacionales y los vinculó conel mundo. El mensaje que a través de un video transmitió ayer volvió sobre el concepto que desarrolló desde las tribunas, como jefe de Estado, y algunos citan con sarcasmo: “Con la democracia no sólo se vota. También se cura, se educa y se come”. Lo había retomado antes en su discurso el jefe de los jóvenes radicales, Juan Francisco Nosiglia, el hijo de Enrique “Coti” Nosiglia, quien, por esas cosas de la vida, nunca pudo –o nunca quiso– hablar delante de tanta gente. Alfonsín no quiso decir que la democracia debe curar, enseñar y alimentar, Alfonsín cree que sin esos tres imperativos éticos, la democracia es una obra incompleta, es papel mojado, es una frustración.

Armar la sociedad-Martín Caparrós. (recomendado)

¿Por qué serán tan nabos? Se creyeron que podían convertir a la Argentina en un país realmente tercermundista sólo para lo que les convenía. Se creyeron que podían construir una sociedad con miseria, un tercio de excluidos, escuelas devastadas, hospitales vacíos, millones de jóvenes sin nada que hacer –y tasas de criminalidad escandinavas. Como casi no había oposición política, se creyeron que podían organizar un verdadero país latinoamericano donde los pobres fueran muy pobres y unos pocos se quedaran con todo, y que la fiesta iba a ser gratis. Pero era otro error de esta banda de inútiles, y ahora se ve claro: la inseguridad que tanto nos preocupa es uno de los efectos más demorados y durables de la dictadura militar y las democracias que la siguieron y convirtieron a este país en otro país –con la complicidad de muchos de sus ciudadanos.

En los países latinoamericanos la violencia criminal siempre fue –y todavía es– aun mayor que la de aquí y ahora. Pero nos vamos acercando con tesón, día tras día, tiro a tiro. La pobreza ayuda, pero no quiero decir que los pobres sean ladrones ni que los ladrones lo sean porque son pobres. Me parece claro que el aumento de la delincuencia violenta viene sobre todo de la destrucción de las redes sociales, que hace que cada cual se sienta aislado, solo, y tire para su lado –y que no le importe, entonces, robarle al vecino– y, sobre todo, de la falta de futuro: elegir una vida de delito –y su riesgo de muerte– sólo tiene sentido cuando la alternativa es parecida a nada.

–Todo bien, estimado, podemos hablar un rato largo. Pero el problema son los asesinatos de hoy, de mañana.

–Tiene razón, todo esto importa poco. Salvo, quizá, para orientarse si hay que buscarle soluciones.

La violencia del delito ocupa –según todas las encuestas– el centro de las preocupaciones de los argentinos. Con sobresaltos periódicos cuando hay muertes horribles en barrios más caros. Los sobresaltos son un tributo a la potencia de la clase media. Hay muchas más muertes todos los días por falta de atención médica, pero eso no nos sucede, en general, a los ciudadanos con prepaga, y nunca el desastre de los hospitales públicos ha motivado una manifestación como la del domingo ni tapas de los diarios: allí también hay muertos que buscan asesinos, sólo que no suelen ayudarlos jueces ni policías.

Que sí buscan a los ladrones violentos –y es lógico que lo hagan, y que medios y ciudadanos se preocupen: nos amenazan. Lo interesante, con perdón, de la inseguridad, es que es un síntoma que hace que quienes no sufren directamente la marginalidad le presten atención. Quizá, en ese sentido, la delincuencia sea un resultado –dolorosamente– eficiente de la exclusión: la hace visible para quienes en general eligen no verla, como los piquetes hicieron visible la desocupación a los que habían preferido comprar heladeras.

Son las reglas del juego, y todos lo jugamos: cada sector usa sus recursos para hacerse escuchar. El domingo, en San Isidro, miles cantaban pidiendo protección:

–¿Adónde están, / adónde están, / los que nos tienen que cuidar?

Era, curiosamente, un reclamo al Estado. Muchos de los que quisieron privatizar también la seguridad pública y la reemplazaron –sin éxito– por vigilantes y garitas pedían al Estado que se hiciera cargo del deber de protegerlos. Tienen todo derecho. El problema es que sólo la policía puede ofrecer cierta protección en lo inmediato, y la policía realmente existente es, muchas veces, fuente de lo que debería solucionar. Es muy difícil confiar en esta policía –y darle más poder a esta policía– porque su historia demuestra que no suele hacer buen uso de ese poder. Y lo que pasa con la policía –fuerza de coerción del Estado– es un modelo a escala de lo que pasa con el Estado en general. Ya lo decía el otro día a propósito de las AFJP: estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la jubilación vuelva al Estado, el problema es este Estado al que vuelve, manejado por este gobierno. Estoy de acuerdo –en este momento– con que haya más protección policial, el problema es esta policía que debería protegernos, manejada por sus mandos y por este gobierno. Y así de seguido: en este momento necesitamos más Estado, pero el problema es el estado del Estado.

–Estimado, pare con la cháchara. Mucho diagnóstico, pero no hay tratamiento.

–Y sí, así somos, vio, los izquierdistas.

En estos días miles de ciudadanos preguntan quién nos cuida, y los políticos contestan que ellos se encargan. Está claro que no se encargan –de la seguridad como tampoco de las escuelas, hospitales, jubilaciones, ideas de sociedad, proyectos de país: sólo se encargan del poder. Pero si están ahí es porque los seguimos votando y, mientras sigamos, seguirán sin encargarse. En última instancia, los que nos tienen que cuidar somos –para bien y para mal– nosotros mismos. Para que haya un Estado que cumpla sus funciones, manejado por políticos que cumplan sus funciones, tiene que haber ciudadanos que cumplan sus funciones y se preocupen por ese funcionamiento un poco más a menudo, no sólo cuando los asaltan.

La única solución a largo plazo es armar la sociedad desarmada: recuperar el tejido social, deshacer diferencias ofensivas, educar y reintegrar a los desintegrados. El problema es el corto plazo, mañana y pasado. A mí tampoco me gustaría que jóvenes muy comprensiblemente iracundos me atacaran. Pero, la verdad, no veo ningún remedio inmediato –y eso sí que es grave. El mal es estructural; la solución también tiene que serlo. Puede haber –ojalá haya– ciertos remiendos parciales; no va a haber solución si no armamos, entre muchos, una sociedad en serio. Y la ola criminal es, quizás, el precio que tenemos que pagar para entenderlo. Es duro, pero es lo que supimos conseguir, de puro nabos.

(Hay, pese a todo, otra opción, que algunos parecen proponer: militarizar la sociedad para que nada se mueva sin control, la nunca bien ponderada mano dura. Seguramente así se evitaría más de un asalto. Pero cuando un policía receloso confunda a uno de nuestros hijos con un peligroso delincuente y lo baje de cuatro balazos, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? ¿A los que lo pidieron? Y aun si fuese un peligroso delincuente, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Nos gustaría vivir en esa sociedad?)

EE UU. Aumentan los gastos de las Agencias de Espionaje

El gasto de las agencias de inteligencia de Estados Unidos subió nueve por ciento el año pasado para llegar a 47.500 millones de dólares, dijo Mike McConnell, director de inteligencia nacional.

La cifra cubre la mayor parte del gasto en el área de inteligencia, incluyendo el presupuesto de la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y las operaciones de los satélites espías, pero no incluye varios miles de millones de dólares que el ejército estadounidense gastó durante el año en operaciones de inteligencia, se indicó en un informe.

Al incluir el gasto del ejército, la nueva cifra confirma que el presupuesto de inteligencia estadounidense aumentó más de dos veces en la última década, sobre todo para cubrir las demandas de las guerras en Irak y Afganistán y una campaña mundial en contra de Al Qaeda.

El tamaño del presupuesto para 2009, con el cual están funcionando actualmente las agencias de inteligencia, es considerado secreto.

Pero los analistas señalan que debido a la actual crisis financiera es poco probable que se realicen nuevos y grandes aumentos en el presupuesto de inteligencia, independientemente de quién sea el próximo presidente.

Les preguntaron que piensan de su seguridad-Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ)

Una sociedad que no piensa en sus niños, que los reprime y abandona, es una sociedad que hipotecó el presente y condenó el futuro.

Una y otra vez hay sectores sociales, organizaciones, funcionarios del gobierno que sólo piensan en su seguridad; no en la de todos. Los medios de comunicación, en su política mediática, buscan generar la aprobación masiva social que condene a los menores en estado de riesgo social. Así vivió la población diversas situaciones como el caso de la muerte, lamentable, del hijo de Juan Carlos Blumberg, que fue utilizada para buscar condenar a los menores de edad, impulsando una campaña para bajar la edad de imputabilidad de los menores y aplicar la mano dura. Ahora, el caso del ingeniero asesinado

Afirman una y otra vez que los menores que cometen un delito entran en la comisaría por una puerta y salen por la otra, que los jueces los dejan en libertad.

Organismos que llevamos muchos años de trabajo con minoridad en riesgo social tenemos claro que los chicos son en primer lugar personas, con derechos sociales y constitucionales. Que son víctimas de una sociedad injusta y expulsiva, que no les da protección, ternura, siendo marginados y rechazados permanentemente.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli dice que hay que poner fin a la ola de delitos y que la solución es penalizar a los menores bajando la edad de imputabilidad. Sería importante preguntarle al gobernador si se acercó a los chicos que están en la Plaza San Martín, frente a la gobernación en la Plata y les preguntó qué piensan ellos de su seguridad. Si les preguntó ¿porqué viven en la calle, porqué se drogan?- ¿Qué pasa con su familia, su escolaridad, su salud? Sí les preguntó ¿Cómo los trata la sociedad y la policía, cómo los tratan los organismos estatales?

Sería importante que el gobernador visite las cárceles y los Instituto de menores de la provincia. Vería que las cárceles no rehabilitan a nadie, son depósitos humanos y un menor que entra ahí es condenarlo de por vida.

La Comisión Provincial por la Memoria realiza un valioso trabajo en las cárceles. Sería bueno que por lo menos se interiorice de la situación que viven los menores, en cárceles que denominan " institutos", y pueda determinar su situación. Es necesario generar políticas para dignificarlos como seres humanos y no para tratarlos peor que animales, que es la situación actual.

Recordemos cuando quisieron imponer la "Ley Corbata", otra aberración para penalizar a los jóvenes, y que las organizaciones que trabajan con minoridad, con una fuerte movilización, impidieron que fuera votada.

Los pregoneros de la "mano dura", están apuntando a los efectos de una fuerte crisis de valores, de una sociedad que ha perdido el espíritu y su ternura, que sólo quiere penalizar y no solucionar los problemas de los jóvenes en situación de riesgo social. No buscan las causas que generan la violencia y marginalidad de los jóvenes. Piensan que encerrando a los menores se terminan los delitos. Los sectores sociales que reclaman más policías, más represión, más control social para su seguridad, esperan dormir tranquilos y felices pensando en la seguridad de la mano dura. Lo único que lograrán tener es pesadillas.

¿Algunos de los que reclaman mayor seguridad y bajar la edad de imputabilidad de los menores, se acercó a los pibes y chicas que buscan ganar unas monedas haciendo piruetas y limpiando vidrios de los autos en las calles? - ¿Les preguntaron dónde duermen y qué comen, si tienen frío o calor y qué seguridad les da la sociedad?

A los señores y señoras jueces, debieran preguntarles si alguna vez levantan la cola de sus asientos y caminan las calles y conversan con los chicos que viven a la orilla de la vida, entre la angustia y la desesperación. Con qué ligereza se condena a los jóvenes sin analizar las causas, sin políticas de contención y asistencia real.

Debemos reconocer que si bien el Estado tiene algunos programas y acción asistencial a los jóvenes, no es suficiente. Es necesario enfrentar el problema en su integridad y no penalizarlos, se necesita contención y seguimiento, educación, salud y condiciones de vida digna. . El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, piensa en construir más cárceles para enjaular a los jóvenes, violando los derechos humanos, la Convención Internacional de la infancia y la Constitución Nacional, cuando el problema es estructural. La policía busca justificar su ineficacia. Cabe preguntarse ¿ qué pasa con los traficantes de drogas y con quienes venden el maldito "paco" en las escuelas, los barrios, a los menores?¿ Pero, nunca caen los capos de la mafia?. Hoy no se ve a las policía recorriendo los barrios. Utilizan un negocio paralelo que son las "agencias de seguridad".

Otro problema del que no se habla es la violencia, cada vez mayor en los grandes medios de comunicación, como la televisión, con programas, películas y actitudes que fomentan la violencia que golpean la vida de los jóvenes. Lo hacen con total impunidad. Los padres deben reaccionar frente a lo que transmiten los medios y que generan conductas violentas en los jóvenes. No se trata de imponer censura, pero hay que educar paa ser personas libres con conciencia crítica y valores. Todos y todas podemos ver en los grandes centros de concentración, como las estaciones ferroviarias, a jóvenes drogados y en estado deplorable de higiene, sin ninguna asistencia. Per se penaliza la pobreza.

Los gobiernos de Capital y Provincia de Buenos Aires, deben trabajar conjuntamente frente a los problemas sociales, dificultades psicológicas, sumada a las competencias legales entre capital y provincia. Lo mismo se puede decir del interior del país., que poco se conoce.

No existe atención del Estado en esos lugares, en forma permanente. Salvo algunas organizaciones sociales no gubernamentales que día a día acompañan a los chicos y chicas en riesgo social. Hay experiencias y trabajo realizado, pero se necesita voluntad política para resolver los problemas vigentes que afectan a los jóvenes.

Es conveniente abrir un debate amplio e integral sobre la forma de lograr superar la violencia social provocada por jóvenes menores de edad

Vuelvo una vez más a señalar que "no sólo se mata con balas, se mata con hambre"

Es necesario que la sociedad piense sobre la seguridad de todos y no de algunos. Vecinos preocupados por su seguridad, realizaron una concentración multitudinaria frente a la Municipalidad de San Isidro. La policía utilizó helicópteros para proteger la concentración. Los oradores señalaron que todos los males surgen en La Cava y los chicos, reclamando mayor control social, cárcel, mano dura, a un municipio que poco o nada hace frente a la indigencia de niños y niñas, a quienes vemos hasta altas horas de la noche en las calles sin asistencia alguna.

Los funcionarios municipales ahora hablan y piden mano dura contra el desamparo, la miseria y marginalidad. Las estadísticas de la policía dicen que aumentó la delincuencia juvenil, los jueces están atiborrados de causas y los pobres continúan siendo los perdedores de siempre. A esto le llaman democracia. ¡Cuánta hipocresía frente a un problema que nunca quisieron resolver!.

A los chicos hay que cuidarlos, respetarlos y darles afecto, escucharlos y no reprimirlos, menos excluirlos. Necesitan de la solidaridad, el respeto y diálogo con la sociedad. No hay que olvidar que toda sociedad es el resultado de quienes la componen.

Si plantas violencia, recogerás mayor violencia. Si siembras la Paz, el fruto será la dignidad y seguridad de todos.

La re estatizacion del sistema previsional-

Profundización del déficit del sistema público
AGENCIA: ARGENPRESS

La privatización de una parte significativa del sistema previsional repercutió en una fuerte contracción de ingresos en el régimen público de reparto. El constante drenaje de afiliados y aportantes hacia el régimen de capitalización y las sucesivas reducciones de las contribuciones patronales a lo largo de la década pasada (cayeron del 16% a fines de 1991 al 7% en promedio a fines del año 1999) profundizaron el desfinanciamiento del sistema estatal.

Se estima que, desde la creación de las AFJP, el sistema de seguridad social público resignó anualmente recursos por un monto cercano a los 5.500 millones de pesos constantes de 2006 en concepto de recaudación perdida y 6.000 millones de pesos constantes de 2006 por la reducción de las contribuciones.

Para dimensionar la pérdida de ingresos públicos que implicó este proceso, se trata de una cifra anual apenas inferior a la suma de los presupuestos actuales de Salud, Educación y Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional.

La identificación del origen del déficit previsional es una cuestión de gran relevancia. El discurso de los defensores de las AFJP históricamente asoció maliciosamente el déficit a la ineficiencia del sector público. Sin embargo, el desfinanciamiento puede darse sencillamente por tener menores ingresos que los egresos necesarios para el pago de las jubilaciones y pensiones, debido a un bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones previsionales, a la menor alícuota del aporte, al crecimiento del desempleo, a la caída de salarios, etc. La ineficiencia, en cambio, debe evaluarse en base a los costos de administración del sistema en relación a cierto volumen de beneficiarios y/o trabajadores activos.

Paradójicamente, el actual mecanismo de capitalización privada está dando lugar a un incremento del déficit previsional –al girar fondos hacia las administradoras- en paralelo a un incremento de la ineficiencia, en virtud de los mayores costos de administración que implica. Nuevamente: parece peor el remedio que la enfermedad.

Junto con la pérdida de recursos, el Estado asumió la responsabilidad por el sostenimiento de los pasivos vigentes al momento de la reforma, librando a las AFJP de solventar un esquema de transición con parte de los fondos recibidos.

Adicionalmente, el Estado garantizó la rentabilidad mínima sobre los fondos administrados a través de un Fondo de Fluctuación; la integración en el haber futuro de la PBU y la PC; el pago de los retiros transitorios por invalidez en caso de quiebra de una AFJP; el pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento a los que opten por renta vitalicia y en caso de quiebra o liquidación de las CSR; y el pago de un haber mínimo cuando, cumplidos los requisitos, el haber total sea inferior al mínimo legal y los jubilados deseen acogerse a este beneficio.12

En definitiva, la promesa de una mejora en las cuentas públicas no sólo no se cumplió, sino que el deterioro derivado de la privatización previsional fue notable. Mientras que en 1994 el 78,7% de los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se obtenía de aportes y contribuciones, diez años después esos fondos no llegan a explicar el 50% de los recursos utilizados para financiar el componente público del sistema de jubilaciones y pensiones (ANSES).

Destino inseguro de los fondos acumulados. Como se mencionó anteriormente, un argumento recurrente para apuntalar el cambio del sistema previsional consistía en que los aportes previsionales, al encontrarse identificados y asignados a una persona concreta, no iban a poder ser desviados hacia otros fines, como podía ocurrir con el sistema previsional estatal. Sin embargo, esto también es incorrecto. En efecto, quien ha procurado avanzar sobre las cuentas de los aportes previsionales no ha sido el Estado, sino las propias administradoras. El Decreto 1495/01, impulsado por las AFJP, permitió cobrar una parte de la comisión deduciéndola del saldo de la cuenta de capitalización cuando el afiliado no aporte durante un período determinado. Así, aunque no haya aportes nuevos, la AFJP termina cobrando. Por caso, entre julio de 2002 y junio de 2003 las AFJP debitaron de las cuentas de capitalización individual por dicho concepto la nada despreciable suma de 40 millones de pesos.13

La posibilidad de que las AFJP echen mano sobre esos fondos no es un problema menor, y ha tenido un antecedente adicional, que si bien no terminó de concretarse evidencia la falta de seguridad que los aportantes tienen sobre la intangibilidad de esos fondos. El mismo Decreto 1495/01 les permitió a las AFJP extender el cobro de comisiones para incluir también la masa acumulada en los fondos como un monto imponible. En concreto, el Decreto estableció que las AFJP podían cobrar hasta un 20% de la rentabilidad obtenida en lo que supere al 5% nominal. De aplicarse en forma permanente este decreto, las comisiones totales cobradas se hubieran incrementado considerablemente. 14

En un escenario económico sustancialmente distinto, en el año 2002, se suspendió la posibilidad de que las AFJP cobren comisión sobre los rendimientos de los fondos. De todas formas, que no se haya terminado de concretar la virtual apropiación de los recursos de las cuentas de capitalización individual no significa que estén seguros. Los aportantes se encuentran sin duda a merced de la voracidad de las AFJP, que parece ilimitada.

Fomento nulo del mercado de capitales. Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, creciendo del 0,5% al 12,6% del PIB entre 1995 y 2006 (Superintendencia de AFJP). Sin embargo, esta creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales. Contrariamente a las proyecciones realizadas por los promotores de la reforma, estos fondos no fueron canalizados mayoritariamente hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico. En cambio, una parte significativa de la cartera de las AFJP fue prestada al Estado a través de la adquisición de títulos y bonos públicos. Como se mostró anteriormente, el déficit generado por la introducción del sistema privado incrementó las necesidades de financiamiento del sector público. Pero lo curioso es que una porción relevante de este déficit fue financiada con los propios recursos administrados por las AFJP. En promedio, entre 1995 y 2006 el 57,5% de los fondos de las AFJP se utilizó para la compra de instrumentos de deuda pública. Este destino llegó a representar casi el 78% de la cartera de inversiones de las administradoras en el año 2002 (Superintendencia de AFJP).

Es decir, el Estado sigue utilizando gran parte de los fondos transferidos a las AFJP para afrontar el déficit creado por la misma reforma, sólo que los recursos que vuelven a las arcas fiscales se encuentran diezmados por las comisiones cobradas por las empresas privadas y generan una mayor deuda por la obligación de devolver el capital y los correspondientes intereses. Es un curioso mecanismo: para que no se utilicen los fondos se terceriza su administración, pero luego los fondos se emplean para los mismos fines sólo que después de pagar un peaje.

Haciendo cuentas: la jubilación que nos depara el sistema de AFJP

Cuando se llevó adelante la modificación del sistema previsional y se instauró el sistema de fondos acumulables en cuentas personales, uno de los argumentos esgrimidos para implementar el cambio hacía énfasis en las bajas jubilaciones que recibían los pasivos en aquel momento. Se sostenía que el sistema de AFJP iba a poder, por el contrario, brindar no sólo una mayor cobertura, sino también remuneraciones sustancialmente mayores.

Transcurrida poco más de una década resulta relevante contrastar esta promesa con la realidad mediante una proyección que establezca cuál sería ser el ingreso percibido como jubilación por un trabajador medio que realizó todos sus aportes a una AFJP. A tal fin, hemos realizado una estimación de la renta vitalicia que obtendría un hombre o una mujer si la totalidad de los aportes se realizaran dentro del sistema de capitalización individual. Este podría ser el caso de un trabajador que ingresa hoy al mercado laboral incorporándose desde el inicio al régimen privado.15

Supuestos base para la estimación del haber futuro. Como las situaciones posibles son numerosas, para estimar el ingreso futuro de un aportante al sistema de AFJP es necesario realizar algunos supuestos realistas. Se seleccionan así sólo algunas de esas múltiples opciones: El trabajador desarrolla su actividad durante 30 años y luego se retira del mercado laboral.

La jubilación íntegra del trabajador provendrá de la acumulación de fondos en su cuenta de capitalización individual, sin que haya transferencias adicionales por parte del Estado.

El ingreso mensual del trabajador es similar al promedio actual de los salarios ($849), obtenido a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2005.

Los ingresos al momento del retiro son mayores a los percibidos al inicio. Esto implica que a lo largo de su vida laboral el trabajador tiende a incrementar su ingreso real –por diversos motivos-. En el ejercicio aquí realizado se ha supuesto que los ingresos del trabajador crecen a razón de un 1,3% anual acumulativo o, lo que es lo mismo, son un 47,2% superiores después de treinta años de trabajo.16

El rendimiento real esperado de los fondos es equivalente al promedio observado después de la salida de la Convertibilidad Es decir, se toman los valores correspondientes al actual escenario macroeconómico. La tasa de rentabilidad anual promedio de los fondos administrados por las AFJP ha sido, durante el período posterior a la devaluación, del 6,21%. Las comisiones por parte de las AFJP son similares al porcentaje cobrado durante el período de la post-Convertibilidad, equivalentes al 36,51% de los fondos ingresados al sistema.

Se ha distinguido la percepción que cobraría un varón de una mujer. Si bien el sistema de reparto no realizada diferencia al respecto, el régimen de capitalización sí lo hace al tratarse de una renta vitalicia, ya que las empresas de seguros de retiro incorporan la diferencia en la esperanza de vida por géneros para el cálculo del monto a pagar. Ello redunda en menores percepciones en el caso de que se jubile una mujer.17

Los primeros resultados obtenidos: un haber paupérrimo. A partir de estos supuestos, proyectando el desempeño de los fondos administrados por las AFJP a lo largo de treinta años se observa que el monto de la jubilación mensual que puede obtener un trabajador medio desde que se retira hasta que muere (rentas vitalicias) es paupérrimo. Un trabajador que tiene un salario de $849 estaría cobrando, luego de efectuar sus aportes puntillosamente cada mes a lo largo de su vida laboral, $538,9 si es varón y $ 479,9 si es mujer, por mes (Cuadro N° 2). Estas percepciones representan apenas el 53,7% y el 47,8% de los sueldos obtenidos durante los últimos tres años laborales del trabajador. Se trata, desde ya, de la eliminación lisa y llana del derecho al 82% móvil de los jubilados. En realidad, sobre esta base, los ingresos de los jubilados apenas alcanzan a la mitad de los que obtenían en su época activa.

La situación presentada hasta aquí, que muestra un panorama sombrío para los trabajadores sometidos al sistema de AFJP, es sin embargo un paraíso inalcanzable para la gran mayoría. Ello se debe a que se ha supuesto que el trabajador se encuentra en un empleo registrado durante los treinta años de su desempeño laboral, y que se le efectúan todos los aportes obligatorios durante todo el período. En realidad, ésta situación es absolutamente excepcional. Como se mencionó previamente, un estudio de la DNPSS del año 2003 señala que la densidad de los aportes de la mitad de los trabajadores afiliados al sistema de capitalización privada (aportes efectivamente realizados sobre la cantidad de aportes potenciales) es menor al 32%. Esto implica que las contribuciones de cada afiliado que realmente ingresan al sistema equivalen a menos de cuatro meses del año. Como ha sido marcado, ello puede deberse a la existencia de trabajos no registrados, trabajos estacionales, desocupación u otras causas. Este dato no refleja una situación extraordinaria, sino que constituye sin duda una parte esencial de los problemas del sistema previsional y afecta a la mayoría de los trabajadores en la actualidad. Para estimar un futuro más realista del aportante, no puede dejarse de lado esta circunstancia.

Los resultados de una estimación más realista: haberes directamente miserables. Ajustando la estimación a una densidad de los aportes del 32%, las rentas vitalicias que podría obtener un trabajador con el ingreso salarial medio actual de la economía se vuelven miserables: recibiría una renta vitalicia de $172,6 si es varón y $153,7 si es mujer, expresados siempre en pesos del año 2006 (Cuadro N° 2). Desde ya, estos valores son considerablemente menores que la actual jubilación mínima.

De hecho, este cálculo pone de manifiesto la magnitud del fracaso de las AFJP: un trabajador con el salario promedio actual, que tiene la densidad de aportes media, termina obteniendo una jubilación vitalicia inferior a la tercera parte de la jubilación mínima actual. No es en vano resaltar aquí que dicho resultado no disminuye en absoluto las ganancias de las AFJP por la tarea de “administrar” los fondos.

La falsa garantía de la AFJP Nación. La presencia de una AFJP estatal (AFJP Nación, perteneciente al Banco Nación) dentro del sistema de capitalización fue utilizada como argumento a favor de la reforma en dos sentidos: primero, de este modo la privatización no era total, ya que los afiliados al régimen de capitalización podían optar por la AFJP pública; y segundo, se sostenía que dicha AFJP brindaba una garantía mínima de rentabilidad, de la cual se verían directa o indirectamente beneficiados todos los afiliados por constituir un piso para el sistema. Sin embargo, como veremos al realizar el cálculo del haber individual para un aportante de esta AFJP que recibe el haber garantizado, nada de ello es cierto.

La garantía de la AFJP Nación fue recortada de manera inmediata luego de la aprobación de la reforma previsional. Lo que inicialmente era una doble garantía, en dólares y en pesos, del rendimiento neto de los fondos depositados, en junio de 1994 fue modificado quedando únicamente una garantía de rentabilidad en pesos. Esta asegura que los aportes acumulados no serán menores a lo que se hubiese obtenido si los fondos se depositaban en una caja de ahorro común, menos el pago del seguro.18 Ahora bien, hemos mostrado ya que con un rendimiento real promedio de todo el sistema del 6,21%, las jubilaciones que se obtendrán tras 30 años de aportes son ínfimas. Al garantizar la “rentabilidad de la caja de ahorro”, la AFJP Nación ni siquiera garantiza una rentabilidad real. Es una garantía sospechosa: el rendimiento poco tentador que consiguieron todas las demás es superior a lo que el Nación está obligado a pagar.

Para tener una noción de lo que implica la garantía de la AFJP Nación, se puede realizar un ejercicio similar al efectuado anteriormente, asumiendo como resultados los que brinda la mencionada garantía. Hemos debido agregar para ello dos supuestos:

- Inflación anual promedio durante todo el período del 8%.

- Tasa de interés de la caja de ahorro del 2,75%, que corresponde a los valores actualmente vigentes según el BCRA.19

Como puede apreciarse, la AFJP Nación garantiza a los trabajadores que hoy cobran el salario medio y que aportan puntualmente durante 30 años, que van a percibir un haber equivalente a menos de la tercera parte de la actual jubilación mínima. Desde ya, si el salario fuera inferior
a la media, el resultado es directamente absurdo. Llamar “garantía” a este compromiso parece un simple residuo del discurso apologético del sistema privado de jubilación, más que una verdadera cualidad especial y favorable para el afiliado de la AFJP Nación.

A modo de conclusión: la actual crisis del sistema previsional Desde una perspectiva general, la evolución del SIJP desde su puesta en marcha da muestras de ineficiencia, altos costos económicos y prácticamente nulos beneficios sociales. En la actualidad conviven trabajadores activos en situaciones heterogéneas en términos de sus aportes presentes y sus perspectivas futuras y, a la vez, los trabajadores pasivos se encuentran con situaciones previsionales altamente diferenciadas. Lo único cierto es que el sistema de capitalización privado significó el fin de un esquema solidario y redistributivo sumamente cuestionado para reemplazarlo por otro que no resuelve los problemas de antaño, agudiza la desigualdad después del retiro y crea espacio para un redondo negocio privado.

El Estado, por su parte, perdió cuantiosos recursos y al mismo tiempo asumió mayores compromisos, sin que se definiera un esquema que hiciera sustentable la transición entre ambos sistemas. La “solución” al problema implicó en la práctica un costo fiscal altísimo: la reforma se financió con endeudamiento facilitado, entro otras fuentes, por las mismas AFJP. De no haberse producido esta transferencia de recursos (tanto en materia de recaudación como de rebaja de aportes y contribuciones), el déficit financiero del sector público, característico de la década pasada, se hubiese reducido del 2,8 % al 0,5% del PIB en el período 1994-2000.20 La contracara de este fenómeno son las exorbitantes ganancias y la proliferación de las oportunidades de negocios para el capital financiero. Las AFJP, controladas mayoritariamente por la banca local y extranjera, pudieron apropiarse de una porción creciente de la riqueza, a expensas de los ingresos del Estado y la remuneración actual y futura de la clase trabajadora.

A diferencia de la lógica con la que fue creado el SIJP, la filosofía del régimen estatal de jubilaciones y pensiones vigente al momento de la reforma de 1994 se caracterizaba por ser un sistema de transferencia intergeneracional, en donde la jubilación de quienes habían aportado en el pasado era pagada por los actuales trabajadores.

Estos, a su vez, percibirían una jubilación financiada por los futuros trabajadores activos. En un contexto de crecimiento del producto y, en particular, de los salarios y del empleo, este sistema es capaz de brindar un apreciable beneficio para los aportantes. Visto desde un punto individual, esto se observa en el hecho de que el aporte de treinta años se convierte, al recibir el beneficio jubilatorio, en un monto mayor, en virtud de la mayor masa salarial involucrada. De esta forma, el haber jubilatorio crece con el incremento de los salarios y de la cantidad de empleados. Es decir, el sistema de transferencia intergeneracional también implicaba para el aportante una “capitalización individual”, ya que el valor de los aportes era generalmente menor al valor de los beneficios recibidos, actualizados a una cierta tasa de interés vinculada a la variación de precios. El sistema público tiene además el mérito de no desviar cuantiosas comisiones a las AFJP, lo que hace que, aun con rendimientos implícitos menores, se puedan obtener jubilaciones más elevadas. El sistema de reparto puede entrar en crisis ante disminuciones de los salarios, por reducción de la masa de empleados o por caída de los recursos fiscales disponibles. Eso fue, en parte, lo sucedido durante la década de 1980, gestando las graves crisis del sistema previsional que antecedieron a las reformas. Pero la cura no fue, ni puede ser, un sistema de capitalización privado.

Los reducidos haberes jubilatorios, producto del esquema vigente, ponen de manifiesto ya (y lo harán de manera cada vez más acusada y urgente) la crisis del actual sistema.

Esta crisis impone rediscutir si tiene o no sentido destinar parte de los aportes previsionales al pago de las AFJP, cuando las jubilaciones presentes y futuras lejos de estar garantizadas en un nivel decente van a ser francamente miserables, a menos que el Estado mantenga su responsabilidad de asegurar ingresos mínimos para los jubilados. En ese caso, el sistema demostrará, por reducción al absurdo, que el Estado es el único responsable de las condiciones de los pasivos y que lo que funciona hoy es una verdadera estafa para los trabajadores individuales y para la sociedad en su conjunto.

Partes de guerra

AGENCIA PELOTA DE TRAPO
28/10/08

Por Miguel A. Semán

(APe).- Todas las guerras en su justificación más primitiva necesitan de una visión maniquea de la historia. El universo partido en dos para encontrarle sentido a la aniquilación del otro. Eso pasa hoy en la sociedad argentina, donde parecen distinguirse con nitidez dos sectores: el de la gente buena de un lado, y el de los malos, los delincuentes, o los “menores delincuentes” del otro.

Determinados medios de comunicación, Radio 10, por ejemplo, se han encargado de mantener vivo y fogonear el conflicto, calificándolo como una verdadera guerra civil donde “Ellos (los menores delincuentes) nos odian y tratan de matarnos, y nosotros les tenemos miedo”.

El tono bélico no faltó en los discursos de algunos jefes policiales, quienes al despedir los restos de los agentes caídos, parecían referirse más a soldados abatidos en un frente de batalla, en lucha contra un enemigo externo, que a policías muertos en enfrentamientos con delincuentes.

El peligro de que la sociedad haga suyo el concepto de guerra civil o en este caso “social”, es que produce la instalación en forma permanente de un estado de excepción. Una excepción que se expande y contamina todos los momentos de la vida y altera cada uno de nuestros juicios.

Todos sabemos que tenemos una policía sospechada de corrupta, y que ninguno de los delitos que requieren cierta organización e inteligencia operativa, podría llevarse a cabo, al menos en la provincia de Buenos Aires, sin la colaboración, la anuencia, el silencio o la pasividad de la fuerza o de algunos de sus miembros; sin embargo, el hecho de que se los considere ejército en lucha por la defensa de nuestras vidas y propiedades, es el terreno ideal para el surgimiento de cierta forma de “galtierismo”, que trae aparejada la postergación, hasta un momento mejor, de toda mirada crítica sobre la institución y las conductas policiales.

De la misma manera, las urgencias de la guerra, nos llevan a suspender cuestionamientos a la dirigencia política y a la gestión de quienes nos gobiernan, y corre a un segundo plano cualquier exigencia no relacionada directamente con las políticas de seguridad, como ser la reducción del margen de inimputabilidad de los menores, agravamiento de penas, limitación de excarcelaciones y demás medidas reclamadas a viva voz para aniquilar al enemigo.

No es caprichosa ni casual la referencia a la guerra. Hace más o menos treinta años un sector importante de la sociedad consideró aceptable, o al menos no necesariamente condenable, la sustitución del gobierno democrático por un régimen sangriento y en atención a los sucesivos combates que le planteaba la propaganda oficial, suspendió críticas y cuestionamientos, e imperdonablemente, hasta alcanzó a llenar algunas plazas.

Y fue en esos tiempos, años más años menos, cuando empezaron a nacer los padres de los menores de hoy. Fue precisamente en esa época, cuando se construía la cultura de la culpa por sospecha y el “algo habrán hecho” se convirtió en el nuevo invento nacional. Cuando Martínez de Hoz nos condenaba a fabricar caramelos y las fábricas se usaban para torturar y desaparecer, pero nada de eso importaba demasiado porque había que ganarle, primero, la guerra a la subversión, después la final a los holandeses y, por último, teníamos que echar a los ingleses de Malvinas.

Más o menos por ahí, en esos años terribles, empezaron a nacerles padres a estos pibes que hoy se dan con el paco. Padres que fueron pibes en un país de represión y fábricas cerradas. De abuelos hambrientos y desocupados que caían uno a uno, como las hojas de un otoño interminable. Algunos no lo recuerdan. Otros sí. Pero nadie que haya vivido la Argentina puede considerarse ajeno al mal y al bien que nos rodean.

Podríamos, parafraseando a Kafka, hablar de insensatez sin temor a que la palabra suene demasiado fuerte, la insensatez de distinguir lo que es nuestro de lo que es del adversario cuando sólo hablamos de nosotros. Algo de eso pasa en San Isidro, y en cualquier otro lugar, cuando un intendente denuncia que le importan delincuentes de otro distrito. Entonces la policía va, busca y trae sin miedo a equivocarse. Estamos en guerra y todos los otros son el enemigo.

El discurso y las ejecuciones

AGENCIA PELOTA DE TRAPO
27/10/08

Por Oscar Taffetani

(APe).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, hicieron la semana pasada una visita a Medellín, Colombia, para tomar apuntes y enseñanzas de lo que ven como un modelo de Seguridad exitoso.

“Alonso Salazar Jaramillo -leemos en un cable de Télam- gobierna la ciudad que supo ser la más violenta del mundo y que en la actualidad logró reducir sensiblemente el índice de delincuencia mediante políticas de inclusión social”.

Durante la visita, Scioli y su comitiva fueron llevados a recorrer el barrio de Santo Domingo, antes asolado “por los sicarios, los narcos, los parapoliciales”; pudieron oír a una niñita de 10 años recitar las consignas del plan gubernamental; pudieron visitar la Biblioteca España -un gran centro cultural creado con apoyo externo para sacar a los jóvenes de la calle- y encontrarse con el alcalde Jaramillo para firmar un convenio de cooperación.

“También pudo escuchar el bonaerense -agrega el cable de Télam- la innovadora experiencia llevada adelante mediante la implementación del Programa Paz y Reconciliación, una iniciativa que logró rescatar a adolescentes en situación de riesgo o, peor aún, cooptados por los grupos paramilitares, bandas delictivas y guerrilleros...”

Al finalizar la visita, antes de partir hacia otras ciudades colombianas en donde entrevistaría a otros alcaldes y firmaría otros convenios, Scioli anunció su firme decisión de impulsar en la Argentina una ley que baje la edad de imputabilidad de menores hasta los 14 años.

Eso no estaba en la receta del alcalde de Medellín. Pero no importa.

El decir y el hacer

“Hay que copiar el ejemplo colombiano”, dijo el Gobernador a los periodistas, sin que quede claro si se propone extraditar a los capos de la efedrina a los EEUU, si va a dictar una ley de olvido para jóvenes bonaerenses que abandonen la guerrilla, si quiere equiparar el número de bibliotecas populares con el de cibercafés o si planea organizar el definitivo Festival por la Paz en Iberoamérica.

A nivel de discurso, todo es caótico, contradictorio, delirante. Los mandatarios buscan frases para salir del paso. Crean cortinas de humo. Nos anuncian con lágrimas en los ojos grandes proyectos.

A la vez, contratan consultores de seguridad aquí y allá. Y se enamoran este verano de la Tolerancia Cero y el próximo otoño, del FBI.

Sin embargo, a nivel de ejecución, son coherentes. Y 25 niños argentinos por día caen ejecutados por el hambre, por las enfermedades y el desamparo. Y otro tanto es ejecutado por el paco, por el gatillo fácil, por la expulsión de la casa y de la escuela, por la exclusión en cualquiera de sus formas.

El discurso es confuso. Las ejecuciones son claras

EL GRUPO CLARÍN VA POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA, HAY QUE DETENERLOS!!!!!

COMUNICADO:

BUENOS AIRES, 30 DE OCTUBRE DEL 2008

SI EL GRUPO CLARÍN,

VIOLANDO TODA NORMA JURÍDICA, TANTO EN LO PENAL COMO EN LO LABORAL, INCLUÍDA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL , LOGRA TRIUNFAR EN SU PUJA: AL PRETENDER ELIMINAR TODO EL ANDAMIAJE JURÍDICO QUE PROTEGE LOS DERECHOS ELEMENTALES DE REPRESENTACIÒN, - ALCANZADA CON MAS DE CIEN AÑOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA , DERRAMANDO INCLUSO RÍOS DE SU VALIOSA SANGRE- CONTRA LOS COMPAÑEROS DELEGADOS:

Siri Luis Alberto. Nicolás Ramón Rivero.

Alfonzo Javier. Quiroz Cristian Maximiliano.

DE Artes Gráficas Rioplatense S.A. (AGR)

ENVIAR SOLIDARIDAD A : luis_as74@hotmail.com; gabi19dejulio@gmail.com

TODO EL MOVIMIENTO OBRERO ESTÁ EN PELIGRO, O SEA COMPAÑEROS, VIENEN POR TODOS NOSOTROS, NO SOLO POR LOS GRÁFICOS

POR ELLO ES UN IMPERATIVO CATEGÓRICO ESTAR:

DÍA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2008 14 HRS.

CORRALES 1393 CAPITAL FEDERAL (CORRALES Y CENTENERA, POMPEYA)

PUERTA DEL TALLER

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA

SOLIDARIDAD

CON LOS DELEGADOS DE ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE INJUSTAMENTE PROCESADOS Y SOMETIDOS A JUICIO ORAL POR LAS CHICANAS JUDICIALES DEL GRUPO CLARÍN

ACTO

DÍA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2008 14 HRS.

CORRALES 1393 CAPITAL FEDERAL (CORRALES Y CENTENERA, POMPEYA)

PUERTA DEL TALLER

FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE

COMISIÓN INTERNA DE AGP

INVITA, PARTICIPA Y SOLICITA SOLIDARIDAD

ENVIARLA A: <luis_as74@hotmail.com>; gabi19dejulio@gmail.com

FeTERA FLORES, COLECTIVO DE BASE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN CTA, AURORA TUMANISCHWILI PENELÓN, GUILLERMO LÓPEZ,

15-52217918; 15-61106718

ES IMPRESCINDIBLE LEER EL RELATO QUE ACOMPAÑA A LA SIGUIENTE , QUE PONE BLANCO SOBRE NEGRO, EL DESPROPÓSITO JURÍDICO, CON EL CUAL PRESIONA EL GRUPO CLARÍN PARA ATROPELLAR TODOS LOS DERECHOS LABORALES, SENTANDO UN PRECEDENTE PELIGROSÍSIMO, PARA TODA LA CLASE OBRERA , SIN OLVIDAR, QUE PARALELAMENTE, HAN LOGRADO INVISIBILIZAR EL CONFLICTO

Buenos Aires 29 de octubre de 2008

Entre el 28 de Agosto y el 2 de septiembre de 2004, los trabajadores de Artes Graficas Rioplatense S.A. (AGR) una empresa perteneciente al GRUPO CLARÍN, fueron protagonistas de un conflicto gremial originado por la propia empresa al imponer una jornada ilegal de trabajo que incluye los sábados a la tarde y domingos con el pago de horas simples. Luego de reiteradas denuncias e infructuosos reclamos efectuados por el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y la comisión interna

ante el Ministerio de Trabajo, una asamblea general del taller resolvió un paro total de actividades que se prolongo durante cuatro días y que culmino con un impresionante operativo policial de características claramente intimidatorias del que participaron mas de 600 efectivos uniformados y de civil resueltos a reprimir, acompañados de dotaciones de bomberos y una descomunal infraestructura de apoyo que solo puede explicarse por el poder de influencia que los grandes grupos económicos – en este caso el GRUPO CLARÍN – ejercen sobre distintas áreas del estado nacional.

Inicialmente la empresa provoco el despido de 119 compañeros y tras la conciliación obligatoria, 48 de estos compañeros no fueron reincorporados, incluidos todos los integrantes de la Comisión Interna.

Tres de los delegados, los compañeros Luis Siri, Javier Alfonso y Nicolás Rivero, con el apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense, mantuvieron la firme decisión de reclamar su reincorporación bajo el amparo de la garantía de estabilidad gremial que debe proteger a los delegados.

Sin embargo transcurridos más de cuatro años de aquellos acontecimientos, el Grupo Clarín sigue aprovechando su poder de influencia y capacidad de presión sobre sectores políticos y judiciales del país, utilizando la estrategia de judicializar un conflicto gremial para impedir o al menos obstaculizar el funcionamiento de las actividades sindicales en la planta de Artes Graficas Rioplatense S.A. y, aunque la representatividad de los delegados Luis Siri, Javier Alfonso y Nicolás Rivero ha sido ratificada en forma democrática por el voto de sus compañeros de trabajo en las elecciones de comisión interna realizadas en los años 2005,2006, 2007 y 2008 en la practica se ven imposibilitados de cumplir con las funciones gremiales que les corresponde.

Como parte de su estrategia Artes Graficas Rioplatense S.A. ha efectuado denuncias ante la justicia laboral y penal, tratando de demostrar que la legítima huelga, (en ningún momento declarada ilegal), fue en realidad una usurpación del establecimiento y que algunos de los trabajadores fueron intimidados por los delegados para obligarlos a acatar la medida.

A pesar de lo absurdo de las denuncias, las chicanas judiciales le han permitido prolongar los juicios, impidiendo mientras tanto la restitución de los delegados a sus puestos de trabajo.

DENUNCIA ANTE LA OIT

La Federación Gráfica Bonaerense ha formulado el recurso de queja correspondiente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por tratarse de evidentes violaciones a los principios y derechos reconocidos en los convenios que garantizan la protección de los representantes sindicales, en especial el convenio 135.

En la presentación del Sindicato ante la OIT , se detalla particularmente, el arbitrario proceder de la sala VIII de la cámara nacional del trabajo.

El juzgado de trabajo Nº 75 rechazo en primera instancia la medida cautelar de exclusión de tutela sindical que pretendía la empresa. Artes Graficas Rioplatense S.A. apelo y la sala VIII, en resolución ajena a toda normativa interna e internacional aplicable al caso, impuso que la causa debía abrirse a prueba y mantener a los delegados, sin tareas, pero en cumplimiento de sus funciones gremiales. La empresa pretendió entonces asignar a los delegados un lugar en un sector de depósitos, alejados del ares de producción y cerrado al ingreso de los trabajadores gráficos del taller a los cuales representan.

Abierta la prueba solicitada por la cámara, el juzgado Nº 75 a cargo del juez Dr. Manuel Morera, rechazo por tercera vez la medida cautelar, ratificando el derecho a la protección especial que corresponde a los representantes gremiales.

Ante la imposibilidad objetiva de cumplir con las funciones gremiales, la Federación Gráfica Bonaerense denuncio a Artes Graficas Rioplatense S.A. por práctica desleal y antisindical. El juzgado de trabajo Nº 29, califico en primera instancia la conducta de la empresa como practica desleal, imponiéndole una multa y ordenando la reinstalación de los delegados en un plazo de 10 días a partir de la sentencia firme.

NUEVA APELACION – PREJUZGAMIENTO

La empresa volvió a apelar y el expediente volvió a la sala VIII de la Cámara del Trabajo, cuyos miembros, los doctores Juan Carlos Morando y Luis Catardo, rechazaron por cuarta vez la medida cautelar pedida por Artes Graficas Rioplatense pero, llamativamente, no ordenaron la reinstalación de los delegados a sus puestos de trabajo cuando todo indicaba que en esa instancia, sin mas tramite, se debía haber puesto fin a la suspensión de tareas.

Esta conducta de la sala VIII es denunciada por la Federación Grafica bonaerense como prejuzgamiento, señalando el grave hecho de que los jueces se arrogan la calidad de legisladores, instituyendo, creando o legislando una nueva solución no prevista legalmente y por cierto contraria a las garantías constitucionales (el derecho 14 bis de la constitución Nacional establece expresamente que los representantes gremiales deben gozar de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo).

Los jueces de la sala VIII han permitido por otra parte que sea violado el artículo 52 de la ley 23.551, que determina que la garantía de estabilidad debe estar asegurada mientras no haya una resolución judicial de exclusión. Jamás hubo en este caso una resolución judicial de exclusión.

Luego de 6 meses en estudio, el Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvió devolverle competencia a la sala VIII y a sus miembros, los doctores Morando y Catardo, aun cuando resultaba evidente que habían prejuzgado y realizado, en definitiva, prevaricato.

De nada valieron los sobreseimientos absolutorios, los reiterados rechazos a la medida cautelar presentada por la empresa, las ordenes de reinstalación emanadas de los juzgados y la ratificación electoral de la representatividad de los delegados. Sin ninguna medida condenatoria ni resolución judicial que los excluya de la tutela sindical, los delegados permanecen afuera de la planta, sin derecho a trabajar y a ejercer sus funciones gremiales y además, discriminados, percibiendo una remuneración muy disminuida respecto a los otros compañeros de la planta en igualdad de condiciones de trabajo, situación que motivo una nueva denuncia sindical ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 12.

La empresa no nos paga como corresponde los salarios desde agosto de 2004 hasta la fecha (tenemos una sentencia favorable en primera instancia sobre diferencias salariales, caratulado, SIRI LUIS ALBERTO Y OTROS C/ ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. Expediente Nº 3.355/05 que tramita por ante el juzgado nacional Nº 12 obligando a la empresa a pagar las diferencias salariales y de categoría que se plantearon) este expediente que estaba en la cámara nacional de apelaciones Nº VI tubo sentencia definitiva el día 25 de julio de 2008 y, otra vez el poder que el grupo clarín ejerce sobre la “justicia” les dio sus frutos, el doctor Mario S. Fera decidió modificar la sentencia de primera instancia beneficiando claramente a A.G.R. tomándose atribuciones mas allá de lo que le correspondía ya que los cinco (5) puntos que apelo la empresa se los denegó y los dos (2) puntos apelado por nosotros también, por consiguiente habiéndose expedido sobre la expresión de agravios de las dos partes tendría que haber ratificado la sentencia de primera instancia en los puntos que no fueron tema de discusión, esto no fue así, modifico la misma y sin mediar argumento, o al menos uno que se ajuste a derecho redujo el monto que la empresa tenia que pagar a cada uno de los delegados en un 90 % ¡una vergüenza! Lo que nos preguntamos es ¿en que momento la justicia va a ser justa?

DENUNCIA PENAL – JUDICIALIZACION DEL CONFLICTO GREMIAL

Con el objetivo de enredar la situación y ante la perspectiva de un fracaso en la Justicia Laboral , el Grupo Clarín abrió también un frente en la Justicia Penal , donde el Juzgado de Instrucción Nº 12, a cargo del doctor Ricardo Warley, considero en primera instancia que no existían elementos suficientes para ordenar el procesamiento de los delegados acusados de cometer usurpación, daños, intimidaciones, y amenazas.

En este caso AGR apeló y la Sala VII de la Cámara del Crimen ordeno al juez ampliar testimonios. Luego de ampliar y profundizar en las declaraciones de los testigos, en total 35 por parte de la empresa, el juez determino que los supuestos amenazados coincidieron en que no hubo violencia y que varios testigos aseguraron que concurrieron a la asamblea por propia voluntad, manifestando que, a lo sumo, los delegados transmitían un clima existente en el que era muy firme la decisión de los trabajadores de defender el cumplimiento del paro total de actividades que se había resuelto.

Al no existir ninguna prueba sobre la comisión del delito de daños y frente a tan claros testimonios, el Juez ratificó que no existían elementos para procesar a los delegados.

EL Grupo Clarín apeló una vez mas, logrando que los jueces de la sala VII desestimaran la resolución de Juez de Primera Instancia e hiciera una sugestiva interpretación de los hechos, al considerar que si bien los testigos negaron la existencia de coacción expresa, se vieron envueltos en un clima “denso”, con conductas intimidatorias, insultos y discusiones acaloradas. Como si el clima normal y natural en el marco de cualquier huelga en repudio a las arbitrariedades de una empresa, pudiera ser de felicidad y distensión.

Los jueces de la Cámara reconocieron que no hubo pruebas de ninguna acción violenta pero, de manera insólita, consideraron que las actitudes de los delegados, fueron un abierto exceso en el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto conculcaron garantías consagradas en la Constitución Nacional , porque privaron a los propietarios de la empresa de la libre disposición de las instalaciones fabriles e impidieron a través de frases amenazantes, que los trabajadores pudieran continuar su trabajo normalmente.

Pareciera ser que para los jueces de la Sala VII , no es legitima ni legal la huelga de brazos caídos con permanencia en los lugares de trabajo durante los horarios habituales de cada trabajador, por lo tanto la única huelga que seria aceptable para ellos es la que se realiza afuera de la empresa, porque es la que permitiría a los patrones mantener la producción con jefes y eventuales rompehuelgas y también facilitaría el despido de los trabajadores por abandono de sus tareas.

Cuando el expediente regreso al juzgado de primera instancia con el procesamiento nosotros presentamos toda la prueba que anteriormente y por el hecho de estar sobreseídos no hizo falta presentar, esta consistía entre otras cosas de 65 testigos que participaron de la medida de fuerza, el juez no acepto el pedido violando así el legitimo derecho a defensa

El juicio oral se llevaría a cabo los días 10, 12, 13, y 14 de noviembre en el juzgado oral en lo criminal Nº 13 cito en la calle lavalle 1171 4º piso a cargo del juez Dr. Diego Leif Guardia, lo curioso y mas que curioso preocupante es el hecho que en esta instancia definitoria por cierto también nos fue violado el derecho a defensa puesto que, de la lista presentada con los nombres de los 65 testigos solo se nos permitió citar a 2 testigos por letrado, habiendo cuatro letrados serian solamente 8 testigos , los argumentos del juez fueron que todos los testigos iban a declarar lo mismo y entonces seria redundante, esto reduce y prácticamente anula nuestro derecho a defensa mas aun cuando a la querella y la fiscalia se les permitió que presentaran mas de 35 testigos , ¿no serian redundantes los testimonios de estos también?

¿Dónde está entonces la garantía del derecho de huelga?

De acuerdo a esta visión ajustada a los intereses empresarios, la Sala VII de la Cámara del Crimen resolvió que los delegados deben ser procesados y llevados a juicio oral, trabándose mientras tanto un embargo de $ 40.000 sobre sus bienes. De esta manera son procesados los compañeros Siri, Alfonso y Rivero, pero también otros 6 delegados que integraban la Comisión Interna al momento del conflicto y que se retiraron hace años, acordando con la empresa las indemnizaciones correspondientes. Cabe preguntarse entonces: Si la empresa consideraba que habían incursionado en un delito ¿Cómo es que los indemnizó?

Queda así en evidencia la verdadera intención de la maniobra patronal.

INOCENTE… PERO MARCHEN PRESOS

Los delegados han sido absueltos en reiterada oportunidades por distintos jueces del ámbito laboral y penal y en distintas instancias, sin embargo, en la practica y producto de las chicanas patronales y arbitrariedades judiciales, están siendo virtualmente condenados e impedidos de ejercer la libertad sindical.

La resolución judicial que ordeno el procesamiento resulto funcional a los intereses de la empresa, si tenemos en cuenta la lentitud con que funcionaron todos los procesos judiciales, tuvimos que esperar mas de cuatro años para ejercer legitima defensa, y demostrar lo absurdo de los cargos. Mientras tanto, el Grupo Clarín, tuvo y tiene todavía el camino allanado para continuar con las violaciones al convenio y a las leyes laborales, que fueron la causa que hace más de 4 años motivaron el conflicto que desembocó en una huelga en Artes Gráficas Rioplatense.

La Constitución Nacional, las leyes laborales de nuestro país y los convenios internacionales consagran los derechos de libertad y estabilidad sindical, pero un derecho sin garantías no es un derecho, es ficción.

No puede alcanzarse jamás una Democracia plena, en un país en donde el enorme poder que acumulan algunos grupos económicos, les permite ejercer influencias en las decisiones políticas y judiciales para que se burlen las garantías constitucionales en beneficio propio.

El día 4 de noviembre de 2008 se realizara un acto en las puertas de Artes Graficas Rioplatense S.A. con el fin de manifestar el repudio a los responsables de esta empresa, y mostrarnos más unidos que nunca y así de una vez por todas demostrarles a estos terroristas disfrazados de empresarios que, los trabajadores no vamos a dejar que nos quiten los derechos que ganamos en los últimos 150 años de lucha y que le costara la vida a muchísimos compañeros, estos derechos los defenderemos asta las ultimas consecuencias, aunque esto suene a frase hecha es así, y quedara demostrado por nuestras acciones.

Siri Luis Alberto. Nicolás Ramón Rivero.

Alfonzo Javier. Quiroz Cristian Maximiliano.

Causas

1.-) Expediente Nº 18.830/04.-

AUTOS: “ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. C/SIRI LUIS ALBERTO Y OTROS S/SUMARISIMO”.-

JUZGADO Nacional de primera instancia de trabajo Nº 75.-

2.-) Expediente Nº 3.680/2005.-

AUTOS: “ALFONZO LEANDRO Y OTROS C/ ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. S/ PRACTICA DESLEAL”. ECNAT SALAIX.-“RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY ”.-

3.-) Expediente Nº 20.762/2008.-

AUTOS: “RECURSO DE HECHO: ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. C/SIRI LUIS ALBERTO Y OTROS S/ SUMARISIMO- POR QUIROZ CRISTIAN MAXIMILIANO”.ECNAT SALA VIII.-

4.-) Expediente Nº 24.147/07

AUTOS: “SIRI LUIS ALBERTO C/ ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. S/SUMARISIMO”

5.-) Expediente Nº 8.810/2005

AUTOS: “VIÑAS PABLO C/ ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. S/ AMPARO” ECNAT SALA IX.-

6.-) Expediente Nº 3.355/05

AUTOS: “SIRI LUIS ALBERTO Y OTROS C/ ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. S/ DIFERENCIAS SALARIALES”

7.-) Expediente Nº 19.563/04

AUTOS: “ALFONZO LEONARDO MARCELINO Y OTROS C/ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE S.A. S/ SUMARISIMO”

Juzgado nacional de primera instancia de trabajo Nº 27

8.-) CAUSA Nº 2721

AUTOS: “ALFONZO, FRNANDO JAVIER Y OTROS, EN ORDEN AL DELITO DE AMENAZAS”